Marcha Nicaragua hacia un Estado Corporativo?

¿Marcha Nicaragua hacia un Estado Corporativo?

Por Roberto Escobedo Caicedo

En la política nicaragüense todo puede producirse, porque la llamada oposición al orteguismo lo que busca es prolongar la agonía del pueblo nicaragüense, mientras se consolida la dictadura totalitaria y dinástica de Ortega Saavedra. Esa oposición y la sociedad civil están dedicados a trasladar al campo de la política la cuadratura del círculo, algo imposible de realizar. Buscan un hombre o una mujer perfectos para que sea el candidato de consenso en las elecciones generales del 2011, olvidando que esas personas no existen y que si existieran, nunca se dedicarían a la política.

En la estrategia que implementa Ortega Saavedra para su reelección en el 2011, ha dado golpes desde el Estado contra la institucionalidad democrática. Pero la oposición política y la sociedad civil, manipulados por una efectiva quinta columna orteguista, donde los que más vociferan debieran estar en la cárcel por los crímenes de lesa humanidad y genocidios cometidos durante 1979-1990, no pasan de declaraciones líricas y de reuniones donde quedan visibles su ausencia total de liderazgo y de valor para convocar al pueblo a acciones de desobediencia civil, porque con los empresarios no puede contarse para que a su vez provoquen una huelga general, siendo los mejores aliados que tiene actualmente el orteguismo.

La infame resolución de los magistrados sandinistas de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, validando los apetitos reeleccionistas de Ortega Saavedra, aunque lo nieguen los diputados de oposición ya ha quedado firme, ante la inercia e inoperancia de políticos de supuesta oposición y de la respectiva sociedad civil. Otro tanto puede ocurrir con el "decretazo", nueva violación de la Constitución Política, mediante la cual Ortega Saavedra prorroga la permanencia en sus cargos de todas sus fichas en las diferentes instituciones del Estado. Las reformas constitucionales que entraron en vigor hace varios años y obligan al titular del Ejecutivo a recurrir a la Asamblea Nacional para que ratifique los nombramientos de ministros y vice-ministros, presidentes de entes autónomos del Estado, embajadores, etc., es letra muerta y nunca hacen nada los diputados de todas las bancadas por su cumplimiento.

Los pandilleros fascistas, reforzados con los Vigilantes o CPF de las empresas que están en manos de Generales del Ejército y Comisionados Mayores del FSLN, siembran el terror en las calles, garroteando a quienes tienen el el coraje y valor cívico de protestar públicamente contra la dictadura orteguista, contando con la complicidad manifiesta de los efectivos de la Policía Nacional (Sandinista) y la complacencia de Aminta Granera ("La Novicia Voladora", Directora de las supuestas Fuerzas del Orden. Los diputados ni siquiera se atreven a interpelar a "La Novicia Voladora" y más bien tienen el descaro y cinismo de alabar la "institucionalidad" de pandilleros y policías sandinistas.

Y así de abuso en abuso y de violaciones sucesivas de la Carta Magna, Ortega Saavedra, durante la reunión que sostuvo recientemente con los empresarios agrupados en el COSEP, les propuso que si ellos estaban de acuerdo, procedía de inmediato a disolver la Asamblea Nacional, reemplazándola por un Consejo de Estado, análogo al que existió en el país desde el 15 de mayo de 1980 hasta el 10 de enero de 1985. Esta decisión conlleva una serie de disposiciones como el gobernar mediante decretos, derogar la actual Constitución Política y designar a los que formarán parte de ese Consejo de Estado, todo lo cual nos acerca a un Estado Corporativo, análogo al que estableció Benito Mussolini en Italia, después de la Marcha sobre Roma.

Pero esa propuesta hecha por Ortega Saavedra a los empresarios tradicionales, subordinados actualmente a los magnates sandinistas, fue precedida de una serie de movimientos políticos carentes de legalidad. El conservador, Alejandro Bolaños Davis, había perdido su diputación por ser ciudadano estadounidense y no haber renunciado a la misma antes de las elecciones legislativas, tal y como lo establece la ley. También el Partido Conservador, el que se ha caracterizado por el aventurerismo de sus dirigentes que lo montan siempre en el furgón de cola del proyecto totalitario sandinista, fue despojado de su personería jurídica. La diputación constitucional, la que corresponde al ex-presidente Enrique Bolaños Geyer y que sólo la utilizó para refugiarse bajo las enaguas de la inmunidad y evadir las acciones penales por los delitos cometidos en el desempeño de su cargo, recayendo sobre él varias presunciones de responsabilidad penal de la Contraloría General de la República, le hicieron bay-pass al ex-vice-presidente electo, Doctor José Rizo Castellón, cediéndole la suplencia al que eligió la Asamblea Nacional cuando renunció el político jinotegano.

De esa manera, Alejandro Bolaños Davis, sin realizar ninguna gestión porque no le asistía ningún derecho, de la noche a la mañana, aparece nuevamente como diputado conservador. Asimismo, el Partido Conservador, recupera también su personería jurídica. Alfredo Gómez Urcuyo, al márgen de toda legalidad, es designado diputado suplente de Bolaños Geyer, marginando al verdadero ex-presidente, Doctor José Rizo Castellón. Todo esto indica que Bolaños Davis se ha comprometido con Ortega Saavedra a formar una bancadita conservadora en la Asamblea Nacional, la que sumará sus votos a la del FSLN y reforzada por todos aquellos cuyas negras conciencias son taladradas cada vez y cuando por los "cañonazos" de grueso calibre que dispara la tesorería general del FSLN.

Bolaños Davis declara que la estrategia seguida por las bancadas liberales en la Asamblea Nacional ha sido completamente errónea, porque ha consistido en oponerse a todo proyecto de ley enviado por Ortega Saavedra. Pero que tanto él como los restantes miembros de la bancadita conservadora votarán por todo aquello que "convenga" a los intereses del pueblo nicaragüense. Posiblemente, sea de positivo beneficio reformar la Constitución Política para autorizar formalmente la reelección de Ortega Saavedra. Lo sospechoso de todos estos movimientos políticos es que se producen después de las reuniones secretas mantenidas por Eduardo Montealegre Rivas con el secretario general del FSLN.

Ortega Saavedra propuso a los empresarios tradicionales de Nicaragua, subordinados a los grandes capitalistas sandinistas y a la familia Ortega-Murillo a través de ALBANISA, disolver la Asamblea Nacional para formar un Estado Corporativo, porque siempre le han respaldado realizando gestiones ante la comunidad donante, bajo el pueril argumento que la ayuda es para los "pobres" de Nicaragua, lo que es falso de toda falsedad. Todo donación financia el fortalecimiento de la dictadura totalitaria y dinástica de Ortega Saavedra. El colmo del descaro de estos empresarios es que con tal de mantener un buen "clima de negocios", muy poco les importan todas las canalladas que haga el secretario general del FSLN.

A lo interno del país, Ortega Saavedra controla prácticamente todos los Poderes del Estado. Solamente en la Asamblea Nacional existe todavía un islote de hombres y mujeres dignos, dispuestos a oponerse a su continuismo. Pero una sola golondrina no hace verano, como dice el refrán. Además, los que hablan de la "institucionalidad" del Ejército Nacional (Sandinista) y de la Policía Nacional (Sandinista), saben muy bien que por ser el brazo armado y represivo de un partido totalitario sometido a disciplina internacional, el Comandante en Jefe de ambos cuerpos armados no es el Presidente de la República, sino el secretario general del FSLN. ¿Consideran los apologistas de la dictadura orteguista que el saqueo de los recursos del fondo de pensiones de jubilación de los trabajadores asegurados de Nicaragua por los altos oficiales del Ejército y Policía del FSLN, son pruebas de su "institucionalidad"?

En la palestra internacional, Ortega Saavedra sabe muy bien que la comunidad internacional no pasará más allá de exhortar a los nicaragüenses a resolver sus problemas entre ellos mismos y dentro del marco de su ordenamiento jurídico, a la hora que se produzca la disolución de la Asamblea Nacional y el establecimiento de un Estado Corporativo. La OEA, con su Secretario General, José Miguel Insulza, está entregado en cuerpo y alma al castro-chavismo. Además, la correlación de fuerzas en el seno de la OEA ha cambiado radicalmente con el bloque representado por la ALBA. No sería nada remoto que el secretario general del FSLN hasta sea felicitado por tomar medidas tan acertadas que "benefician" a los pobres de Nicaragua y mejoran el "clima de negocios" de sus aliados del sector privado.

Mientras los opositores políticos y la sociedad civil opuestos a la reelección de Ortega Saavedra, continúan buscando el hombre o mujer perfectos para que sea el candidato de consenso en las elecciones generales del 2011, se encontrarán con que no existe y ya estará reelecto el secretario general del FSLN, pero presidiendo un Estado Corporativo.