La publicación anómala en La Gaceta, Diario Oficial del Estado, por orden del presidente orteguista de la Asamblea Nacional, de una nueva versión de la Constitución en la que se incluye y pretende dar validez a una disposición transitoria de 1987 que fue dictada para una situación resuelta hace 23 años, no es sino un capítulo más del turbio proceso de atropellos legales y violaciones constitucionales, con el propósito de asegurar la reelección presidencial de Daniel Ortega el próximo año. Y además, para consolidar la nueva dictadura que Ortega ha venido imponiendo, desde que -gracias al pacto con Arnoldo Alemán y a la división del voto democrático- recuperó el poder presidencial en las elecciones de noviembre de 2006.
En realidad, este abuso de poder que se puede calificar como el gacetazo, es el último capítulo —aunque no el final— de una sórdida historia de ilegalidades y atentados contra la institucionalidad democrática del país, para evadir la prohibición de la reelección presidencial de Daniel Ortega establecida en el artículo 147 de la Constitución, que dice textualmente: “No podrá ser candidato a Presidente ni Vicepresidente de la República: a) El que ejerciere o hubiere ejercido en propiedad la Presidencia de la República en cualquier tiempo del período en que se efectúa la elección para el período siguiente, ni el que la hubiere ejercido por dos períodos presidenciales”.
Ortega ha intentado tenazmente conseguir la reforma de esa norma constitucional, pero no lo ha logrado hasta ahora. A base de chantajes, sobornos, concesión y ofrecimiento de prebendas, Ortega ha avanzado en la búsqueda del número indispensable de diputados que se requiere para aprobar la reforma constitucional. Pero no ha podido alcanzar los 56 que son indispensables, mientras se acerca el 15 de diciembre que es la fecha fatal para aprobar en primera legislatura la reforma del artículo constitucional 147.
Sin embargo no es por ese impedimento constitucional que Daniel Ortega va a ceder en su pretensión reeleccionista. Al contrario, fue para sortearlo que ordenó a sus magistrados en la Corte Suprema de Justicia, dictar la espuria resolución 504 de la Sala Constitucional, del 19 de octubre de 2009, en la que se sostiene la aberración jurídica de que el artículo 147 de la Constitución no se aplica a Daniel Ortega.También con ese fin fue que en marzo pasado dictó el Decreto 03-2010, conocido como el decretazo, mediante el cual ordena mantenerse en sus cargos a los magistrados a quienes se les han vencido los períodos para los cuales fueron nombrados por la Asamblea Nacional. De esta manera, Ortega presiona a la oposición parlamentaria para que acepte la reelección de los magistrados del CSE orteguistas, corruptos y fraudulentos, quienes le deben garantizar el “triunfo” electoral el próximo año. Y si la oposición no cede, de todas maneras esos magistrados ilegítimos seguirán usurpando los cargos, amparados en el decretazo y ahora en el gacetazo, y serán ellos los que organicen las elecciones del próximo año y distribuyan los votos.
En efecto, también por ese motivo fue que Ortega mandó a su manejador de la presidencia de la Asamblea Nacional a resucitar una disposición constitucional transitoria establecida en 1987, según la cual, los magistrados que fueron designados antes de la Constitución de ese año seguirían en sus cargos hasta ser reelegidos o reemplazados de acuerdo con las nuevas normas constitucionales. Lo cual se hizo en el mismo año 1987, y por lo tanto, lógicamente, aquella disposición transitoria dejó de tener vigencia. Sin embargo, con el gacetazo, que pretende resucitar la fenecida disposición transitoria de la Constitución de 1987, Ortega quiere sustentar de manera espuria el decretazo de marzo pasado, y asegurar su reelección el próximo año aunque la oposición parlamentaria no le acepte la reforma constitucional.
El mensaje de Ortega a la oposición parlamentaria, particularmente al PLC, está muy claro aunque no sea explícito: O aprueban la reforma constitucional como él la quiere y necesita, o de todas maneras se va a reelegir el próximo año, pero el partido asociado en el pacto, o sea el PLC, perderá las cuotas de participación minoritaria que tiene en el Estado, o le serán reducidas a la mínima expresión.
De manera que estando claro el juego político de Ortega, lo que queda por ver es qué hará finalmente el PLC, o cualquier otro grupo de la oposición parlamentaria que pudiera completar los 56 votos que necesita el FSLN para aprobar la reforma constitucional. Y conociendo el sebo de nuestro ganado, como dicen los campesinos, lo más probable es que de aquí a diciembre veamos otras rodillas opositoras doblarse ante el inescrupuloso poder orteguista.
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