OFICIOSIDAD INTERNACIONAL PERENTORIA
NULIDAD DEL PROCESO ELECTORAL NICARAGUENSE 2008
El fracaso de un proceso electoral en Nicaragua, dentro de un “proceso democrático embrionario” puede conducir a un irremediable aborto de fatales consecuencias. Nicaragua debe encontrar, tan pronto como sea posible, una salida al peligrosamente cuestionado proceso electoral; en una modalidad juiciosa e inteligente, lógica y equilibrada, íntegra y desapasionada y por supuesto de aceptación para todas las partes.
Desafortunadamente el proceso electoral del 9 de Noviembre del 2008 ha sido malogrado y esto es un hecho irrefutable.
Obviamente, todos sin distinción debemos estar consciente que el fallido proceso electoral afecta negativamente a la Nación y está impactando a todos los nicaragüenses, dentro y fuera del país.
Debemos reflexionar sobre que significaría el solo hecho de una acusación por “fraude electoral” – probado – significaría un delito contra la seguridad interna del Estado; más allá de lo que podríamos definir como una conspiración contra la nación y el pueblo de Nicaragua y prácticamente contra la seguridad democrática del hemisferio.
El “Presidente de Nicaragua” autorizado solo por el 38% del electorado nicaragüense, de quién se supone que gobernará hasta el 2012, el proceso electoral municipal defraudado puede ser un detonante de impredecibles consecuencias.
En el concierto de naciones civilizadas y democráticas, el pueblo de Nicaragua no está en un desguarnecido ambiente internacional. Los tiempos pasados a los años 90, los dictadores fueron destronados y los sistemas se han equipado para que gobiernos degradantes y autoritarios no vuelvan a germinar.
Hoy en día se habla de lucha contra la corrupción, terrorismo, incluyendo el terrorismo de Estado, genocidio, así como se habla de una red hemisférica de intercambio de información para la asistencia mutua en materia penal y extradición, seguridad hemisférica democrática, plena vigencia de los derechos humanos, delitos cibernéticos, etc.
Llegará pronto el día en que exista un unísono control legítimo, legal, sobre los crímenes y daños al medio ambiente, tráfico humano de órganos, narcotráfico, etc. De firme persecución internacional en donde dentro del marco que generan los problemas de jurisdicción y competencia, no de cabida, en ninguna forma posible, cualquier manipulación local o influencia de poder, aún favoritismos.
Es inaceptable que el “Poder Electoral” esté enclaustrado dentro del marco oprobioso de una tiranía partidaria, sectaria, pactista, “asociativa” para delinquir contra los principios y preceptos democráticos y el Estado de Derecho que hoy debería prevalecer en Nicaragua.
Es demasiado evidente tanto para la ciudadanía nicaragüense y la opinión pública internacional, que este “Poder del Estado”, en cada proceso electoral engendre peligrosas crisis internas dentro del país, origine conflictos externos y que desemboquen en una inseguridad colectiva generalizada.
Porque tenemos un sistema fracasado y de simulación democrática
La selva inhóspita y barbárica que ha impuesto la polarización.
El inhumano, irracional, infame y bestial populismo insano que afecta directamente y principalmente al pobre.
El enconado culto a la personalidad que desnaturaliza todo propósito democrático y motiva la no cooperación.
La presencia de criminales confesos y/o reconocidos dentro del Estado y partidos políticos.
Un régimen dúctil de amnistía e indultos, que no previenen el nivel de peligrosidad de estos individuos beneficiados, que exponen al peligro la nación y comprometen la seguridad interna del Estado. Particularmente cuando estos se infiltran como candidatos a ocupar posiciones sensitivas al servicio público y ciudadano por ende de servicio a la Nación.
Un régimen híper – presidencialista y de aguda concentración de poder. Una nación que adolece de un abusivo régimen hegemónico dual de partidos que son antagónico al proyecto nación, depredadores al proceso de desarrollo de otros movimientos y partidos políticos, en el afán de prevalecer inescrupulosamente en el poder.
Pleitesía y servidumbre a través de la corrupción, de algunos titulares y medios de comunicación social masivos. Medios de comunicación que deberían patrocinar una cultura democrática general, descubriendo con firmeza y tenacidad su ausencia, además de impulsar un respeto generalizado de tal deber patriótico.
Esto hace evidente la confabulación de sectas, camarillas y pandillas, de dos partidos, que a veces imperceptiblemente y en forma solapada, artera, conspiran contra el pueblo de Nicaragua.
El Reñido e Impugnado Proceso Electoral
No es la primera vez que este órgano del Estado ha sido cuestionado simultáneamente tanto en el país como en el ámbito internacional. Los puntos más evidentes que descuellan, ocasionando pugna y censura son a saber los siguientes:
I. La descalificada e incompetente función institucional de este “órgano importante del Estado” que cuestiona la vigencia del Estado de Derecho.
II. El llamado Consejo Electoral esta estructurado en una forma en la que el pueblo de Nicaragua impugna su existencia, por la connivencia del régimen de dos partidos políticos coludidos y que, dentro del contexto nacional de un régimen legal, plural de partidos, no tiene asidero ni respaldo ciudadano.
III. La desconfianza generalizada sobre la validez democrática de los procesos electorales.
IV. La “política de fuerza” se descubre a través de esta “institución electoral”. Que significa concomitantemente haber sido implantada bajo un rigor de continuidad, encadenamiento institucional a una política de dos fuerzas partidarias, validadas con representaciones autoritarias, absorbentes, abusivas, tenaces, penetrantes, e incapaces de evolucionar.
V. La práctica retrógrada de negociaciones, transacciones, pactos y convenios, ilegales e inescrupulosos, inmorales y viciosos, que se hacen posible por el imperio de un código nocivo de conducta estandarizado en las dos elites del poder político – de corte demagógico, tradicional e impuesto por la excesiva concentración de poder – ganado por la fuerza de la manipulación y el control del poder electoral.
VI. El padecimiento estructural de reglamentaciones inapropiadas o su inexistencia, en donde se imposibilita el control eficaz del abuso del poder que aún es persistente y enraizado.
VII. Concomitantemente, aún con preceptos constitucionales de “conquista y logros revolucionarios” , es evidente la imposibilidad de que puedan consolidarse grupos representativos – que equipados con una genuina voluntad política por un proyecto nación – puedan introducir un sistema congruente con los avances de la humanidad en la materia “ética – técnica” de participación en el Estado para el logro de grandes transformaciones en beneficio del desarrollo democrático.
En síntesis, el control de una secta sandinista orteguiana y una secta arnoldista liberaloide promueve insalubremente una desgastante lucha política que posterga toda evolución y adelanto fundamentalmente para el mayoritario pueblo y más desfavorecido.
La ciudadanía nicaragüense y la opinión pública internacional espera procesos electorales pacíficos y de acuerdo al Estado de Derecho, su legalidad y su legitimidad. Estos procesos debe ser libres de intimidación, violencia, hostigamiento o asedio, en cuanto los votantes nicaragüenses que desean ejercer su derecho al voto y los contendientes electorales que trabajan y perseveran por conseguir el apoyo ciudadano.
El propósito del pueblo nicaragüense es ir en búsqueda de una consolidación de sus instituciones democráticas.
Sin embargo la ciudadanía ha sido testigo de algunos hechos irrefutables definidos como “preámbulos electorales”, actos preparatorios:
1. Pre – anuncios y anuncio de posibles suspensiones electorales.
2. Cancelación de la personería jurídica de dos partidos políticos, MRS, PC.
3. Caso activado por la Fiscalía General en contra de un candidato de la oposición en pleno proceso electoral.
4. Entorpecimiento y retraso en la entrega de credenciales para las organizaciones nacionales de observación electoral.
5. El lenguaje intimidatorio, verbal y agresivo, de parte del “Presidente de Nicaragua” por las declaraciones de preocupación de parte de representantes nacionales e internacionales en relación al proceso electoral. Agresión verbal y arenga pública antagonista a organizaciones nacionales e internacionales de cooperación.
6. Intimidación legal y económica sobre “medios de comunicación social”, el mercadeo, con las características de soborno solapado, en la percepción ciudadana, de medios, a través de la obtención de grandes espacios propagandísticos.
7. Actos de espionaje, acecho, coacción y violencia contra reuniones de seguidores de partidos de oposición.
8. Interrogatorios e investigaciones contra organizaciones de la sociedad civil y sus líderes.
Frente al espíritu de contrariedad ciudadana y preocupación internacional, cualquier solución intentada dejará brechas e intensificará nuestras irreconciliables diferencias dentro de una polarizada crisis, todavía difícil de superar.
Posible soluciones (entre otras) del “Consejo Electoral” serían consideradas desacertadas, impropias, discrepantes y desconformes.
Recontar los votos.
Declarar una nulidad parcial del proceso electoral.
Negociar
Tomar decisiones y consecuentemente ejecutar pronunciamientos.
Todo conduce a cuestionar “la credibilidad de las elecciones municipales” en Nicaragua. No hay confianza en el Poder Electoral por ser un organismo del Estado que está encadenado y supeditado a la voluntad autoritaria, dictatorial de la representació n de dos partidos, que inescrupulosamente han operado a espaldas del pueblo.
Con todos los desmanes, atropellos, ilegalidades, abusos, violencia, arbitrariedad, y las evidencias de material electoral diseminado en los basureros públicos, más los mártires caídos inocentemente, se traduce que la nación ha sido víctima de un fracaso que nos concierne a todos por igual.
El pueblo, principal participante de los beneficios de nuestra civilizada actitud para construir un destino promisorio en democracia, exige y demanda no solo un gobierno responsable, sino partidos políticos responsables.
La demanda primaria es que bandidos y criminales, sean desalojados de los partidos políticos. El país, si debe agotar las investigaciones sobre fraude electoral, aún erogando recursos que no tiene el pueblo para procesarlo.
La Corte Suprema de Justicia es inoficiosa e inoperante, por la misma razón que el Consejo Electoral es una institución del Estado tóxica a la democracia.
El proceso electoral en Nicaragua no muestra avance y demuestra poco progreso con respecto a años anteriores y está muy lejos de los modelos ideales.
Todo mundo espera que realmente “la voluntad de los nicaragüenses” se exprese. La nulidad del proceso electoral municipal es la única vía del país, para “re – oxigenarse”. Tratar de reestablecer la confianza y credibilidad pública. Garantizar la seguridad interna del Estado. Honrar los compromisos internacionales adoptados y “diluir” la preocupación de la comunidad internacional. Dar pautas para revisar los reclamos como los de la Unión Europea. Evitar que los desembolsos de cooperación internacional sean interrumpidos o cuestionados. Reafirmar la lucha contra los niveles de corrupción en Nicaragua. Invocar la configuración de – un cuerpo de embajadores especiales, observadores electorales – de conformidad con los parámetros internacionales de idoneidad, que contribuya a crear las condiciones para la celebración de unas elecciones libres y justas.
La oficiosidad internacional es perentoria e ineludible. La extrema pobreza del pueblo nicaragüense, hundido en un ambiente polarizado, debe ser motivo de profunda reflexión política. Se debe poner fin a un país organizado sobre bases en donde sus “instituciones democráticas” son disfuncionales, débiles, enfermizas, inconsciente o servilizadas. Existe descrédito en la opinión pública nacional e internacional, puesto que hay dudas sobre el imperio de las leyes y la justicia. No existe la rectitud, integridad, probada. Son visibles las hordas y clanes de funcionarios, burócratas y magistrados que ostentando el poder, conspiran con el régimen constitucional, democrático y representativo de la Nación.
Nicaragua debe anular su proceso electoral municipal 2008. El Juicio Político de los Magistrados del Consejo electoral deberá sobrevenir y también de todos aquellos conspiradores que tengan responsabilidad en actos que definitivamente han atentado contra la seguridad interna del Estado.
“Durante nuestra incipiente e insípida vida democrática, hemos vivido una política de oscilación. Es mejor sufrir un barquinazo electoral que un colapso social, consideremos la nulidad electoral como parte de nuestro crecimiento y volvamos a medirnos, esta vez como Nación en búsqueda de un genuino avance”.
Dr. Cesar N. Grijalva
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